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El secretario del Ayuntamiento, Ramón Menéndez Chaves, ha perdido, en apelación, el pleito que inició contra el Ayuntamiento por haberle revocado en el Pleno de 28 de Febrero de 2006 todas las funciones que venía desempeñando diferentes de las propias del secretario, que la habían sido encomendadas por alcaldes y Corporaciones dirigidas por el PSOE.

Este acuerdo de revocación ,de las funciones ajenas a las propias de secretario, que venía desempeñando por encomienda del PSOE, se produjo después de haber comprobado de manera fehaciente, la tendenciosidad de sus informes, el nulo rigor de los mismos, y como consecuencia la imposibilidad de la Corporación de poder confiar en su recto asesoramiento.

Estas sentencias en las que los Señores Magistrados le colocan en su sitio, llevan aparejada la beneficiosa circunstancia, para Corvera, de que no cobrará los 1321 € mensuales que reclama, en concepto de productividad que perdió al no realizar las funciones que le había encomendado el PSOE.

En definitiva: Su reclamación era más por la pasta que por el trabajo.

En formato PDF, se pueden ver las sentencias dictadas:

2006-07-14 Reclamación de Funciones 1ª instancia. Desestimatoria.

2007-04-24 Reclamación de Productividad 1ª instancia. Desestimatoria .

2007-11-30 Reclamación de Funciones. Apelación. Desetimatoria. Definitiva.

La presente moción se dirige a los grupos políticos del Ayuntamiento de Corvera, al objeto de la reconsideración del convenio urbanístico firmado el 3 de Agosto de 2.007, entre el Ayuntamiento y ASPROAST, mediante el que por la cantidad de 999.600 €, el Ayuntamiento entrega a ASPROAST 2.796 m2 de bajos comerciales construidos, y el uso gratuito durante 5 años de otros 6.218,4 m2, para ayuda a la instalación y creación de pequeñas empresas, en el ámbito del SAPU I, en atención a que el mismo es claramente contrario a los intereses generales por cuanto se va a producir un pérdida para el patrimonio municipal, derivada del cambio o permuta de los citados bienes municipales por un valor abrumadoramente inferior al real.

El estudio técnico que sirve de base a la firma de este convenio, aportado por los promotores, introduce términos que han inducido a error en la real valoración de los bienes municipales, por cuanto está equiparando el precio de los bajos comerciales al valor de su edificabilidad (100€ / m2 ), cuando el convenio mediante el que el Ayuntamiento consiguió los 2.796 m2 de bajos comerciales, firmado también entre el Ayuntamiento y ASPROAST y aprobado definitivamente el 28 de Noviembre de 2.006, no otorgaba al Ayuntamiento derechos edificatorios (Edificabilidad), sino locales totalmente construidos, siendo el 20% de los mismos con acabado de fachada.

Todo ello hace necesario replantear los términos del convenio pues el valor a considerar no es el de la edificabilidad, sino el del bien construido.

Después de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo Nº 1 de Oviedo, el pasado día 14 de Noviembre, respecto al derecho de paso de los vecinos de La Granda a través de Aceralia, desde La USPC tenemos que realizar las siguientes valoraciones:

¿Qué dicen ahora Iván y Bueno, que durante mas de un año no hicieron mas que torpedear el trabajo de la USPC para consolidar con Aceralia un derecho de paso para los vecinos de la Granda, que no fuese puesto en discusión cada poco tiempo, como ha venido sucediendo hasta ahora?

Callan como “afogaos”. Metieron la pata hasta la ingle y ahora quieren sacarla con el silencio y esperando que se olvide su actuación.

Tanto el concejal de IU Enrique Bueno como el concejal del PSOE Iván Fernández, (ahora en el gobierno municipal), fueron los verdaderos instigadores de todas las manifestaciones, movilizaciones y enfrentamientos habidos en torno a lo que llamaban “libre acceso” a través de Aceralia.

Queremos recordar que, en su claro intento de boicotear las gestiones realizadas por La USPC para consolidar un derecho de paso razonable para los vecinos, a través de Aceralia, al margen de todas las movilizaciones y algaradas promovidas desde y por los partidos de estos dos personajes, realizaron entre otras las siguientes actividades:

Presentaron dos mociones, que fueron incluidas diligentemente por La USPC y debatidas en Pleno. Nuestros argumentos, que son los que esgrime la sentencia dictada, no les sirvieron.

Convocaron a los vecinos para que asistiesen al Ayuntamiento a presionar e insultar a los concejales de La USPC.

Alabaron hasta el histerismo la actitud de la Corporación de Gozón, que ahora la sentencia desautoriza.

Pretendieron a toda costa y por cualquier medio no legal que nuestro Ayuntamiento declarase propiedad municipal la carretera que pasa a través de Aceralia.

Presentaron “pruebas” totalmente inconsistentes, como ahora se demuestra y ya expusimos nosotros, en aquel momento, respecto del carácter público de la carretera: ¿Quién no recuerda las referencias de Iván a las numeraciones del Catastro “9999999…”?¿ Por qué no se lo dijo al juez?

Dijo Bueno en uno de los boletines – panfleto desinformativos de IU: “… la organización de IU de Corvera ha estado y está apoyando las movilizaciones y gestiones que desde la Plataforma creada se están realizando”.

¿Para que les ha servido? ¿Pagarán Bueno o Iván las multas impuestas a las personas a las que incitaron a manifestarse?

Luís Moro tuvo razón en aquel momento, cuando valoró que no existían fundamentos para declarar el carácter público municipal del paso.

Luís Moro tiene razón cuando negoció con la empresa ARCELOR el derecho de paso a través de la factoría para todo el que precisase pasar. (VER DOCUMENTO EN FORMATO pdf).

La USPC sigue manteniendo lo que siempre mantuvo y que la sentencia hoy dictada ratifica: Lo importante para los vecinos es el derecho al paso, y no la discusión respecto a la propiedad de la carretera, que en todo caso sería de titularidad autonómica.

Afortunadamente, hoy los vecinos, a pesar de la sentencia dictada, gracias a las negociaciones de Luís Moro con la empresa, siguen teniendo derecho al paso a través de la factoría.( VER DOCUMENTO EN FORMATO pdf).

Conocido que la Sentencia Judicial firme de 12 de Marzo de 2007 señala que la resolución de alcaldía de 7 de Septiembre de 2000, dictada por el alcalde en funciones, Javier Vega Cabo, el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 14 de Septiembre de 2000 que ratificó dicha resolución de alcaldía, así como la resolución de alcaldía de 6 de Junio de 2001, dictada por Severino Zapico González, resoluciones ambas que, basadas en informes del secretario municipal Ramón Menéndez Chaves, acordaron dar por cumplidas las cláusulas del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Corvera y Parque Comercial Parque-Astur, no son conformes a derecho y las ha declarado lesivas para el interés público y en consecuencia anuladas.

El Ayuntamiento de Corvera, en virtud del mencionado convenio urbanístico, debió haber ingresado en Mayo de 2000 la cantidad de 225 millones de pesetas de los 300 a los que se obligaba en el mismo, la Sociedad Parque Astur. Sin embargo, al día de hoy, esos 225 millones de pesetas siguen sin estar ingresados en las arcas municipales, lo cual ha supuesto y está suponiendo un importante daño patrimonial a nuestro Concejo, que no ha podido disponer de ese dinero desde el ejercicio presupuestario del año 2000.

Es sabido que la Administración debe instruir el oportuno procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos (artículo 145.3 Ley 30/1992), y como quiera que en la gestión del convenio urbanístico con la Sociedad Parque Astur es evidente que se han producido irregularidades y como consecuencia de las mismas, un daño patrimonial a las arcas municipales, evaluable económicamente, que puede cifrarse en, al menos, los intereses de los 225 millones de pesetas de los que nuestro Ayuntamiento se vio privado de disponer durante estos 7 años, debe ser abierto el necesario expediente de responsabilidad patrimonial para determinar qué políticos y qué funcionarios fueron los responsables de emitir informes y tomar los acuerdos para que se consumase esta pérdida económica para el Ayuntamiento, a fin de exigirles la correspondiente responsabilidad y reparación del daño ocasionado.

Por ello, el grupo municipal de la USPC solicita al Pleno de la Corporación, tome acuerdo, en el sentido expuesto en este escrito, para la reclamación y reparación del daño patrimonial sufrido por el Ayuntamiento.